Reclutaron a las víctimas en otras provincias ofreciéndoles alojamiento y trabajo en Murcia para apropiarse después de su salario
En los tres registros domiciliarios practicados se han incautado 2.500 euros, joyas, un vehículo de alta gama, así como documentación, cuentas y tarjetas bancarias de las víctimas
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación DRACU, una investigación dirigida a esclarecer un supuesto delito de trata de seres humanos que ha culminado con la desarticulación de una organización criminal, cuyos tres miembros han sido detenidos como presuntos autores de delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
En los tres registros domiciliarios practicados en la localidad de Puerto de Mazarrón-Mazarrón han sido incautados 2.500 euros, joyas, un vehículo de alta gama, así como documentación, cuentas y tarjetas bancarias de las víctimas.
La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando 13 ciudadanos rumanos, asentados en la localidad de Puerto de Mazarrón-Mazarrón, denunciaron ante la Guardia Civil la situación de semiesclavitud en la que vivían después de haberse trasladado desde otras provincias españolas hasta la Región de Murcia.
Las víctimas afirmaron que habían sido captadas por un compatriota asentado en Murcia con una oferta de trabajo y alojamiento en un municipio de la Región, si bien, este supuesto benefactor, después de facilitarles un empleo en empresas agrícolas de Mazarrón, se estaba apropiando de sus salarios y los mantenía atemorizados bajo amenazas y agresiones físicas. Esta situación llegó a ser extrema, hasta el punto de carecer de alimentos y otra serie de bienes de primera necesidad.
En tanto se desarrollaba la investigación, la Guardia Civil activó el protocolo de asistencia para las víctimas de delitos de trata de seres humanos a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mazarrón, lo que permitió su atención y su reinserción laboral.
Especialistas en Policía Judicial de la Benemérita recabaron la información necesaria y centraron la investigación en un clan familiar formado por un matrimonio y su cuñado. Fue cuando el supuesto líder del clan se desplazó a su país de origen, cuando las víctimas aprovecharon para comunicar su lamentable situación a la Guardia Civil.
Las pesquisas practicadas a continuación permitieron averiguar que varios de los afectados habían dado de alta cuentas corrientes en entidades bancarias de la zona, aunque la dirección postal facilitada coincidía con la del domicilio del principal sospechoso, de tal forma que las tarjetas de crédito llegaban directamente a manos del clan, así como la información sobre sus ingresos o extractos, que eran controlados por estos. De esta forma se apropiaban del dinero de sus nóminas.
Después de varios meses de investigación, la Guardia Civil ha localizado y detenido a dos varones y una mujer, de 31, 36 y 39 años, de nacionalidad rumana y miembros de un mismo núcleo familiar, a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y de pertenencia a organización criminal.
Estructura criminal jerarquizada
Según se desprende de la investigación se trata de un grupo criminal perfectamente organizado, liderado por un individuo que orquestaba la trama delictiva con la selección de compatriotas a los que ofrecía su traslado hasta la Región de Murcia donde les aseguraba vivienda y un puesto de trabajo.
Una vez aquí, eran alojados en viviendas previamente ocupadas por los miembros del grupo criminal, donde vivían hacinados pese a pagar hasta 150 euros mensuales por el alquiler.
Posteriormente, con la excusa de tramitar los contratos de trabajo, les exigía su documentación personal que empleaba para dar de alta cuentas bancarias y tarjetas de crédito donde domiciliaba sus nóminas. Para ello se valía de su situación de vulnerabilidad y de su desconocimiento del idioma, llegando incluso a acompañarlos hasta las sucursales bancarias para hacer de intérprete y asegurar que los trámites bancarios se hicieran a su antojo.
El resto de miembros del grupo criminal, ahora desmantelado, se encargaba de otras tareas tales como las de mantener bajo amenazas y agresiones a los trabajadores e incluso las de vigilar su jornada laboral e informar de cualquier vicisitud al líder que, generalmente, se presentaba como encargado de una cuadrilla de trabajadores y responsable de éstos, mientras las empresas contratantes permanecían ajenas a estas argucias.
Los tres arrestados, las diligencias instruidas, así como el dinero, las joyas, la documentación y el vehículo incautados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana.
La investigación continúa abierta por lo que no se descarta la identificación de otras víctimas, así como la detención de otras personas vinculadas con el grupo criminal desmantelado.
La trata de seres humanos está castigada en el vigente Código Penal con penas de prisión de cinco a ocho años.
