La Comunidad y el Seprona investigan las causas de la aparición de cadáveres de ganado porcino abandonados en Mazarrón

La inexistencia de gestión o una inadecuada retirada de los cadáveres que pudieran generarse en las explotaciones agropecuarias está considerada en la actual Ley de Sanidad Animal como infracción grave

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) investigan desde ayer las causas por las que unos 50 cadáveres de ganado porcino han sido abandonados en un paraje aislado perteneciente a una explotación en el término municipio de Mazarrón.

Inspectores veterinarios adscritos a la Oficina Comarcal Agraria de Fuente Álamo de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente se han trasladado al paraje donde se encontraban los cadáveres para realizar las correspondientes averiguaciones sobre la titularidad de los animales abandonados y para ordenar la retirada del ganado, que está siendo efectuada.

Desde la Consejería se recuerda que el enterramiento o, como en este caso, el abandono de cadáveres animales procedentes de explotaciones de abasto, es una práctica completamente prohibida desde el año 2002, fecha en la que el Reglamento comunitario (CE) 1774/2002 estableció la obligatoriedad de retirar los cadáveres usualmente generados en la producción animal mediante gestor autorizado.

La inspección a la presunta granja origen de los animales ha evidenciado, igualmente, otra serie de anomalías, como la detección de posibles lixiviados originados en las balsas de acopio y desecación de purines con los que cuenta la instalación, por lo que se ha dado traslado de la información recabada al órgano medioambiental, por si tuviera que disponer actuaciones complementarias a las ya dispuestas.

La inexistencia de gestión o una inadecuada retirada de los cadáveres que pudieran generarse en las explotaciones agropecuarias está considerada en la actual Ley de Sanidad Animal como infracción grave, por lo que pueden generar multas desde 3.001 a 60.000 euros.

Asimismo, la evidencia de irregularidades en la estructura productiva de las explotaciones (infraestructura sanitaria, requisitos veterinarios de identificación, bienestar animal, medicamentos, entre otros) puede originar también la retirada de la autorización para su funcionamiento.

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